Con el respaldo del grupo parlamentario de senadores de Morena, PVEM y PT se aprobó en lo general
La Cámara de Senadores aprobó en lo general el proyecto de decreto que reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue avalada por 76 votos a favor por parte de Morena, PVEM y PT; y con 39 votos en contra del PAN, PRI y MC.
Para el exgobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, dijo que el dictamen no es producto de un trámite cerrado, sino de un proceso plural y transparente, pues se realizaron audiencias públicas con especialistas, expertos, litigantes y organizaciones sociales, por lo que refleja una deliberación franca, abierta y pública.
Afirmó que la reforma persigue tres objetivos fundamentales, modernizar el juicio de amparo incorporando el uso de herramientas digitales; hacer más eficiente y ágil el procedimiento cerrando espacios a la dilación y el abuso de la figura, así como, el de preservar el carácter garantista reafirmando que es un recurso efectivo de defensa frente a los actos de autoridad.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, señaló que el dictamen busca modernizar, armonizar y fortalecer, el mecanismo de defensa de las y los mexicanos, el juicio de amparo, piedra angular del estado constitucional de derecho, por lo que el objetivo es garantizar el acceso a una justicia más ágil, efectiva y humanista.
Minutos antes de comenzar la discusión del dictamen, el Pleno rechazó una moción suspensiva presentada por el Grupo Parlamentario de MC, que señalaba que la reforma es regresiva, desnaturaliza el amparo y forma parte de un proceso de aniquilación de los mecanismos de defensa de personas, los colectivos y los derechos humanos, además de que se debilita la figura ante abusos de autoridad.
Por Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales Magdaleno, advirtió que esta reforma aleja a los ciudadanos de los mecanismos de defensa y protección de sus derechos que tenían con la Ley de Amparo y, por el contrario, la modificación fortalece el abuso, los excesos y la arbitrariedad de las autoridades.
Para Carolina Viggiano Austria, del grupo parlamentario del PRI, los últimos ajustes al dictamen no modificaron nada sustantivo, con lo que se pretende debilitar al Poder Judicial, anular los contrapesos constitucionales y dar “manos libres” al Ejecutivo para “consolidar un régimen autoritario que desprecia las libertades y que no tolera límites”.
Del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre sostuvo que la reforma moderniza al juicio de amparo, lo vuelve más ágil, accesible y eficaz, sin renunciar a la protección frente a los abusos de autoridad, además de que impide que los medios de defensa se utilicen como pretexto para frenar la recaudación fiscal.
Luis Alfonso Silva Romo, del PVEM, rechazó que esta modificación se trate una “reforma regresiva” pues busca que la figura de amparo “no se ponga al servicio de los poderosos” o de quienes tienen “intereses fiscales”, además de que defiende sólo intereses legítimos conforme a los tribunales de justicia para así contar con un Estado más sólido.
La senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez de Acción Nacional, afirmó que la reforma contraviene la Constitución en materia de progresividad de los derechos humanos, pues debilita la suspensión del acto reclamado, cuando el amparo nació para poner un alto al abuso del poder, por ello no fortalece al amparo, sino favorece la concentración de poder en las autoridades y reduce los contrapesos ciudadanos.
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