El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó por unanimidad de votos la Ley de Indulto, mejor conocida como la Ley Beatriz, una iniciativa impulsada por la gobernadora Maru Campos que busca establecer un mecanismo de justicia social y humanitaria para personas sentenciadas por delitos del fuero común que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
La nueva legislación faculta al titular del Poder Ejecutivo estatal para conceder el indulto bajo condiciones específicas, con un enfoque primordial en la protección de la dignidad humana.
La Ley Beatriz está diseñada para beneficiar directamente a diversos grupos vulnerables dentro del sistema penitenciario. Entre los principales beneficiarios se encuentran:
Personas sentenciadas que sean mayores de 70 años y presenten deterioro físico, dependencia funcional o cualquier otra condición que comprometa gravemente su dignidad o bienestar al continuar cumpliendo su condena.
Busca proteger a reclusos menores de 14 años o aquellos que sean incapaces de valerse por sí mismos.
La ley introduce un mecanismo para atender y corregir casos donde la desigualdad estructural haya demostrado haber afectado el debido proceso, buscando garantizar que ninguna persona sea condenada sin haber tenido una defensa justa y equitativa.
A pesar de su alcance humanitario, la ley ha establecido claras exclusiones para garantizar que no se aplique en casos de alta gravedad. Entre los delitos que quedan fuera de la posibilidad de indulto se encuentran el feminicidio y otros delitos graves específicos, asegurando así que este beneficio se centre en la justicia social sin comprometer la sanción de crímenes que atentan gravemente contra la vida y la integridad.
Con esta aprobación, Chihuahua se posiciona a la vanguardia en el uso del indulto como una herramienta de política criminal con perspectiva de derechos humanos, buscando equilibrar la aplicación de la ley con principios de compasión y justicia social.
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