El juego de espejos de la 4T ante el Sistema Interamericano

En la arena internacional, la congruencia es componente fundamental de la legitimidad; sin ella, no hay más que un conglomerado de intereses coyunturales que generan desconfianza y alianzas frágiles.

El gobierno de la llamada Cuarta Transformación, bajo los liderazgos de Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum Pardo, parece haber adoptado esa política de conveniencia y pragmatismo a un nivel de descaro.

Una conducta que desdibuja el compromiso histórico de México con el derecho internacional, y lo coloca al nivel de países arbitrarios e inconsecuentes; nada diferencia a Sheinbaum de Trump, Putin o Netanyahu.

Nos encontramos ante una flagrante contradicción: un gobierno que blinda sus reformas internas tras el muro de la «soberanía», mientras exige con vehemencia la intervención de organismos externos para señalar las fallas de sus vecinos, que acarrean muerte a los connacionales.

Frente a la polémica reforma al sistema judicial, la postura oficial ha sido de un hermetismo nacionalista.
A pesar de que México reconoce la jurisdicción plena del Sistema Interamericano desde 1998, el Estado ha desestimado las preocupaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la ONU.

La presidenta Sheinbaum ha defendido que México es un país «libre, soberano e independiente», argumentando que las decisiones constitucionales internas son inatacables por organismos internacionales.
Incluso, el bloque oficialista impulsó la «Supremacía Constitucional» para asegurar que las reformas a la Carta Magna sean inmunes a cualquier revisión externa, calificando de «sorprendente» la rapidez con la que la CIDH atiende las quejas de jueces mexicanos.

No obstante, este celo por la soberanía se desvanece cuando los intereses políticos cruzan la frontera norte.

En un «doble juego», el mismo gobierno que rechaza la lupa internacional sobre su reforma judicial ha anunciado que endurecerá su postura ante la CIDH para denunciar al gobierno de los Estados Unidos, tras el deceso de 14 nacionales bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los últimos meses.

México busca de manera legítima que la Comisión analice «fallas sistémicas» y emita recomendaciones contra Washington.

Extraordinaria posición para buscar la tutela internacional indispensable. Nadie lo discute.

Lo paradójico es que la diplomacia mexicana se ampare en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre para exigir justicia por sus ciudadanos en el extranjero, mientras en casa utiliza el argumento de la legitimidad democrática para ignorar las advertencias sobre posibles violaciones a la Convención Americana.

¿Cómo puede un país exigir que otro rinda cuentas por su negligencia sistémica cuando se niega a que se evalúe la integridad de sus propias reformas institucionales?

Este comportamiento deslegitima la autoridad moral del Estado mexicano.
Al desestimar en la práctica las recomendaciones de la CIDH sobre la reforma judicial bajo el pretexto de que el proceso fue «legislativamente legítimo», México debilita los mismos mecanismos que ahora intenta utilizar para proteger a los migrantes en custodia del ICE.

La administración actual parece olvidar que el Sistema Interamericano no es un menú a la carta donde se elige qué principios aplicar según la conveniencia del día.

Mantener una postura de sostener a toda costa la desastrosa y costosa reforma judicial, -que atropelló derechos adquiridos de casi mil jueces, y constituye un golpe de estado técnico como el realizado al comprar legisladores para llegar a la mayoría calificada en el Senado- mientras se busca una «audiencia temática» para exponer el caso del ICE ante la CIDH, no es otra cosa que una doble cara diplomática.

Si México aspira a ser un defensor creíble de los derechos humanos de sus nacionales en el exterior, debe empezar por aceptar, con la misma vara que mide, el escrutinio internacional en su propio territorio.

De lo contrario, la soberanía dejará de ser un principio para convertirse en un simple escudo contra la rendición de cuentas.

El colmo es que con la mano en la cintura Estados Unidos sostendrá que es legítimo el uso de la fuerza para controlar la migración, o alegar la soberanía o la conciencia como ya ha ocurrido.

Y ni siquiera tendrá necesidad de ello, porque a los genios de la 4T olvidan que EEUU no ratificó la Convención Americana de los Derechos Humanos y por tanto no reconoce jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Incongruencia y oso al mismo tiempo.