Entre austeridad e incongruencia

La reforma electoral de 2026, bautizada como plan B, se presenta ante la nación como el «segundo piso» de una transformación que busca desterrar privilegios, pero al contrastar el discurso oficial, particularmente el de Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, entrevistado en el Financiero Televisión, con los datos técnicos y la realidad constitucional, emergen contradicciones que sugieren que el ahorro es envoltorio de un rediseño centralizador.

Pablo Gómez defiende empatar la revocación de mandato con las elecciones de 2027 bajo el argumento de «facilitar el quórum» y evitar que la oposición induzca a la abstención. No obstante, la intención estratégica no es otra, que subir a la Presidenta a la boleta para que su popularidad funcione como un imán de votos para Morena.

Mientras se predica la equidad, el plan B planteaba reformar el Artículo 35 para permitir que la persona sujeta a revocación pueda «promover el voto a su favor», rompiendo el piso parejo en plena contienda federal. Quieren -porque Pablo anticipa que vendrá después de nuevo la propuesta- el 70% de aceptación que las encuestas le dan a la Presidenta, en la boleta.

Por otro lado, Pablo Gómez sostiene que el federalismo se «fortalece» al eliminar la capacidad de los estados para negociar sus propios privilegios; nada más lejos del estado moderno democrático y descentralizado, con contrapesos.

Hay una «clara intromisión» en el régimen interior de las entidades, al dictar desde el Centro el tope presupuestal del 0.70% para los congresos estatales y al establecer el límite de regidores.
La Federación trata a los estados como «simples extensiones administrativas», un estado centralista y autoritario, que nada pierde al gobierno de Santa Anna, Porfirio Diaz o Nicolas Maduro.

La narrativa oficial en voz estertórea y dogmática de Pablo, busca que la «élite política partidista» deje de concentrar poder y recursos excesivos.

No obstante, el análisis del costo por diputado en las entidades federativas, revela una profunda inequidad, porque el plan B obliga a recortes devastadores en estados pobres como Tlaxcala, con reducción del 93.9%, pero protege el gasto de la Ciudad de México, donde cada legislador tiene un costo de 32.7 millones de pesos, legalizando así la opulencia en el corazón del oficialismo.

Queda claro donde nació la ocurrencia del .70%, de la simple aritmética de dividir el número de legisladores existentes en la ciudad de México, contra su presupuesto estatal. Que genios.

En esa extensa entrevista en la cual Pablo Gómez no pierde oportunidad de fustigar al entrevistador, califica de «conservadora» la actitud de sus propios aliados, el PT y el PVEM, por resistirse inicialmente a la reforma de representación popular.

Sin embargo, el plan B es, en sí mismo, el producto de una negociación forzada donde estos partidos satélites lograron preservar sus prerrogativas clave y su supervivencia política a cambio de apoyar el nuevo paquete. Es una coalición que Gómez tilda de «leal», a pesar de que sus integrantes fueron acusados de defender privilegios minutos antes.

El discurso oficial apela a que la mayoría «mal haría en no aplicar su programa», pero la teoría política, en voz de un clásico como Norberto Bobbio es contundente, al señalar que si una mayoría utiliza su poder para abolir los controles y las reglas que permiten la alternancia, el sistema deja de ser una democracia para convertirse en otra cosa.

Una reforma que altera el federalismo y la competencia equitativa bajo el disfraz de la austeridad corre el riesgo de ser, el inicio de una etapa de centralismo autoritario, con partido de estado y una inversión millonaria en dádivas electorales disfrazadas de ayudas sociales.

El plan B rechazado -y el nuevo autorizado aún con matices- no era un ajuste técnico; es un rediseño del control político. Si la democracia debe ser «menos costosa», no debería ser a costa de su propia integridad institucional.

Lo que está en juego no son solo unos millones de pesos, sino la vigencia del pacto federal y la equidad que sostiene la precaria normalidad democrática.