Mar Roxo
En los pasillos grises del SAT y en las oficinas silenciosas del INEGI late una inconformidad que el poder ha decidido no escuchar. Son los trabajadores de base, los técnicos, los analistas, los que alimentan con su esfuerzo la maquinaria del Estado mexicano; sin embargo, su voz se apaga frente a un gobierno que presume cercanía con el pueblo, pero practica la indiferencia con quienes hacen posible su funcionamiento cotidiano.
La burocracia no es una entelequia. Son mujeres y hombres que sostienen con su trabajo el orden fiscal, la estadística nacional, los censos, los datos que permiten gobernar con conocimiento. Sin ellos, el país es un cuerpo sin pulso. Pero el gobierno ha decidido tratarlos como piezas reemplazables, no como el corazón de un servicio público que exige dignidad y justicia laboral.
La sordera institucional tiene un eco que duele: promesas incumplidas, incrementos salariales negados, prestaciones congeladas y un discurso oficial que se ampara en la “austeridad republicana” como coartada para el abandono. Mientras se derrochan millones en propaganda o en proyectos faraónicos, los trabajadores del Estado sobreviven con sueldos rezagados frente a la inflación y sin reconocimiento alguno a su mérito.
El silencio del poder frente a sus reclamos es una forma de violencia moral. Es el mensaje tácito de un sistema que exige lealtad pero niega reciprocidad; que demanda productividad pero desprecia la justicia; que se proclama del pueblo pero margina a sus servidores.
No hay transformación verdadera sin respeto al trabajo. No puede hablarse de justicia social mientras el propio Estado incumple sus compromisos con quienes le sirven. El SAT y el INEGI no piden privilegios, piden lo justo: condiciones dignas, salarios acordes a su responsabilidad y un gobierno que escuche antes de mandar.
Si el poder no escucha a sus trabajadores, ¿cómo puede escuchar al país?
La sordera del gobierno ante los suyos anuncia una enfermedad más profunda: la pérdida del sentido de comunidad, de ese lazo ético que une a gobernantes y gobernados. Porque cuando el Estado deja de cuidar a sus servidores, deja de cuidar al pueblo mismo.
Y en ese silencio resuena una verdad incómoda: la justicia laboral no se predica, se cumple
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