La Trampa de la Revocación

Experta en el arte del reciclaje legislativo, Morena presentó el llamado Plan B de la reforma electoral, bajo la firma presidencial.

Tras el fracaso de la ambiciosa propuesta del 4 de marzo en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no alcanzó la mayoría calificada necesaria, la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por la estrategia de ir en la boleta.

Lo que se presenta bajo el velo de la «austeridad republicana» y el fin de los privilegios esconde, en realidad, es un andamiaje diseñado para inclinar la balanza electoral de 2027 a favor del partido en el poder, convertido desde AMLO, en partido del Estado.

La reforma propone que la revocación de mandato pueda realizarse el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno.

Esto significa empatar la consulta revocatoria con las elecciones intermedias de 2027, donde se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados federal y miles de cargos locales.

¿Cuál es la intención de fondo?

La respuesta es clara: colocar el nombre de la Presidenta en la boleta para que su popularidad —estimada en un 70%— sirva como un imán de votos para las candidaturas de Morena.

No buscan revocar, sino ratificar y movilizar.

Esta maniobra se agrava con la adición de un párrafo al Artículo 35 constitucional que permite a la persona sujeta a revocación «difundir el proceso y promover el voto a su favor».

Hay rompimiento alevoso al principio de equidad con permiso para que la titular del Ejecutivo haga proselitismo activo durante la contienda, algo que hasta ahora estaba estrictamente prohibido por la legislación electoral para proteger la imparcialidad.

Recordemos como AMLO, pese a la prohibición, utilizó la Mañanera para promoverse con desparpajo, riéndose de las instituciones electorales. Ahora la presidenta lo legitima en la ley.

Tienen razón el PT y el PVEM en alzar las cejas. La revocación de mandato empatado el día de las elecciones, es llevar la aplanadora morenista a la desaparición de sus aliados, ya no los necesita.

Además, el Plan B es una herramienta de consolidación hegemónica, debilita la autonomía de los estados bajo la coartada de la austeridad. Ataca su organización interna en el Congreso y en los Cabildos.

El costo de una democracia barata podría terminar siendo, irónicamente, la pérdida de la democracia misma.