Cuando la política sigue teniendo precio

Por Gabriel Piñón

Hace unas semanas escribí un breve artículo donde sostenía una idea incómoda pero persistente en la política mexicana: la política tiene precio. En ese texto advertía que, llegado el momento decisivo, el Partido del Trabajo terminaría por alinearse con el oficialismo, como lo ha hecho a lo largo de su historia, en una relación de amasiato político que lo ha llevado a colocarse, una y otra vez, al lado del poder en turno.

Sin embargo, lo ocurrido ayer en el Palacio Legislativo de San Lázaro llamó la atención incluso de los observadores más escépticos. Los aliados que parecían incondicionales del oficialismo —el propio PT y el Partido Verde Ecologista de México— dejaron sola a la bancada de Movimiento Regeneración Nacional en la discusión de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La razón del desencuentro no fue un debate de fondo sobre el sistema electoral, ni una discusión doctrinal sobre la representación política o la calidad de la democracia. El punto de quiebre fue mucho más simple y, al mismo tiempo, más revelador: las prerrogativas, es decir, el dinero público destinado a los partidos políticos.

En comisiones unidas, Morena logró sacar adelante el dictamen con 45 votos a favor contra 39 en contra, pero lo hizo prácticamente en solitario. Petistas, verdes y oposición votaron en contra del proyecto, dejando claro que el problema no era la reforma en sí, sino el tamaño de la bolsa.

En el fondo, lo que se mueve en este tablero no son principios ni debates institucionales, sino recursos. El cash. Ese combustible que da origen a la armonía de los acuerdos legislativos y que, en más de una ocasión, termina por definir el rumbo de las decisiones políticas.

Ahora falta el capítulo más importante: el pleno de la Cámara de Diputados. Y ahí el panorama cambia de manera sustancial.

Morena cuenta actualmente con alrededor de 252 diputados, una cifra suficiente para imponer mayorías simples, pero insuficiente para una reforma constitucional. Para modificar la Carta Magna se requiere mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los 500 legisladores: 334 votos.

En otras palabras, al partido gobernante le faltan más de 80 votos para sacar adelante la reforma por sí solo.