Zarpazo fiscal al Municipio con «predialazo»

Bajo el discurso eufemístico de la «homologación» y el «ordenamiento territorial», se incuba uno de los embates fiscales más agresivos contra la economía familiar y el federalismo en México, con la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, sumada al borrador del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), ha encendido las alarmas ciudadanas ante la inminencia de un incremento masivo en el impuesto predial.

En diversas partes del país, la brecha entre los valores catastrales, fijados administrativamente, y los precios comerciales de mercado alcanza hasta un 500%, por lo que forzar la equiparación de la base gravable al valor comercial, incluso sin alterar las tasas nominales del impuesto, significaría duplicar, triplicar o quintuplicar el cobro anual a los propietarios.

El peligro financiero para los contribuyentes es solo la primera fase de una maniobra de mayor alcance político, ya que el trasfondo de este desmedido aumento en las cargas inmobiliarias se perfila como el preludio de una reforma estructural al artículo 115 constitucional.

Históricamente, la Carta Magna garantiza la autonomía del Municipio Libre, otorgándole de manera exclusiva la administración de su hacienda y la percepción de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
Actualmente, la recaudación predial en México apenas representa el 0.2% del Producto Interno Bruto (PIB), concentrándose mayoritariamente en esquemas centralizados como el de la Ciudad de México.

Utilizando la supuesta incapacidad municipal para actualizar catastros como pretexto, el poder central camina en la construcción de plataformas e instrumentos de control registral unificado, acaparamiento técnico de la información catastral con la que prepara el terreno para despojar gradualmente a los municipios de su facultad tributaria, trasladando el control de los ingresos a las entidades federativas o a la Federación.

Arrebatar el predial a los municipios bajo la excusa de la eficiencia fiscal significaría asestar un golpe mortal a la última frontera del federalismo mexicano.

Un país está lejos de fortalecer la democracia local cuando despoja a sus ayuntamientos de la autonomía financiera elemental para gobernar.

Si la ciudadanía, los estados y municipios no frenan este avance centralista, el «predialazo» no solo asfixiará el patrimonio de las familias, sino que sepultará definitivamente el pacto federal establecido en el artículo 115 constitucional.
Al tiempo.