10 de diciembre: Día de los Derechos Humanos

Entre la promesa de 1948 y la realidad de México

Hoy, 10 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Hace 77 años, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en París la Declaración Universal de Derechos Humanos en la que se estableció por primera vez los derechos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero.

Aquel texto, nacido al terminar la Segunda Guerra, fue el resultado del compromiso de la comunidad internacional ante los actos de barbarie que habían marcado ese conflicto. En sus 30 artículos, la Declaración sentó las bases de un ideal común: que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión u origen.

Setenta y siete años después, mientras el mundo celebra este aniversario, México enfrenta una pregunta incómoda: ¿hemos honrado ese compromiso?

El legado de 1948: una promesa universal

La Declaración Universal de Derechos Humanos fue una hazaña histórica. Representantes de 18 países, con diferentes contextos jurídicos y culturales, trabajaron en su redacción, logrando un consenso sobre principios que hoy consideramos fundamentales. El documento fue aprobado con 48 votos a favor y ocho abstenciones, sin un solo voto en contra.

Entre sus artículos se establecen derechos como el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal; el derecho a la igualdad ante la ley; el derecho a un juicio justo; y la prohibición de la tortura, la detención arbitraria y la discriminación.

Desde entonces, la Declaración se ha convertido en la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Ha sido traducida a más de 500 idiomas y ha inspirado decenas de tratados internacionales y reformas constitucionales en todo el mundo.

México, como país firmante, ha ratificado los principales instrumentos internacionales derivados de esta Declaración. En 1981, ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, comprometiéndose a garantizar derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo y condiciones laborales justas. Y en 2011, el país llevó a cabo una reforma constitucional que reconoció la jerarquía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sobre el papel, México ha sido ejemplar. Pero la realidad es otra.

La distancia entre la promesa y la realidad

Mientras el mundo conmemora la Declaración Universal de Derechos Humanos, México vive una de las crisis más graves en esta materia de su historia reciente. Las cifras no mienten.

Según Amnistía Internacional, en 2024 al menos nueve defensores de derechos humanos fueron asesinados, y en 2023 fueron asesinadas 15 personas defensoras de la tierra y activistas ambientales, convirtiendo a México en uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden el territorio y el medio ambiente.

Entre diciembre de 2018 y marzo de 2024, la organización Artículo 19 documentó más de 3,400 agresiones o amenazas contra periodistas, 46 periodistas asesinados y cuatro desaparecidos. México es, sin discusión, uno de los países más letales del hemisferio para el ejercicio del periodismo.

Y la impunidad lo permea todo. Alrededor del 90 por ciento de los delitos nunca se denuncian, un tercio de los denunciados no se investiga, y sólo el 16 por ciento de las investigaciones se resuelven, lo que significa que las autoridades resolvieron poco más del uno por ciento de todos los delitos cometidos.

Para septiembre de 2024, más de 115 mil personas estaban consideradas como desaparecidas en México, la mayoría desde 2006, y muchas podrían haber sido asesinadas y enterradas en las casi 5,700 fosas clandestinas descubiertas por activistas y autoridades.

La tortura sigue siendo práctica común. En la encuesta más reciente a personas encarceladas, casi la mitad señaló que, tras ser detenidos, policías o soldados los habían sometido a abusos físicos.
Y las ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad siguen sin ser investigadas.
Desde 2007 hasta julio de 2024, el ejército reportó la muerte de 5,696 personas en operaciones militares, a la mayoría acusándolas de pertenecer a grupos criminales, pero estas muertes no suelen ser investigadas de forma independiente.

Un gobierno que celebra lo que no cumple

Lo más preocupante no son solo las cifras. Es la actitud del poder frente a ellas. El expresidente López Obrador estigmatizó sistemáticamente a activistas y organizaciones de la sociedad civil, mientras su gobierno continuaba usando el programa de espionaje Pegasus para vigilar ilegalmente a defensores de derechos humanos, periodistas y políticos de oposición.

En junio de 2024, se promulgaron reformas a las leyes de amnistía y amparo que permiten a la presidencia conceder amnistía sin restricciones y prohíben suspensiones provisionales que podrían evitar violaciones de derechos humanos. En septiembre, la reforma judicial permitió la elección popular de jueces y la creación de «jueces sin rostro», en clara violación de los principios de independencia judicial y debido proceso.

En enero de 2024, el gobierno cerró la oficina del Centro Nacional de Identificación Humana y despidió a gran parte de su personal, justo cuando el país enfrenta más de 115 mil desapariciones.

Claudia Sheinbaum, la heredera de la llamada cuarta transformación sigue con el mismo discurso de su antecesor, siguiendo al pie de la letra el mandato de acallar a la prensa ante los cuestionamientos, ha utilizado la política del garrote y criminalización de quienes se manifiestan en oposición al régimen, ejemplo claro fue el uso de la fuerza pública en durante la manifestación de la generación Z, que nace de la inconformidad ante el artero asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo, y de las políticas erróneas del actual gobierno, que lejos de responsabilizarse, insiste en culpar al pasado de los males actuales del país.

Un México donde la presidenta se apodera del púlpito presidencial para imponer sus verdades, aun cuando en la mayoría de los cuestionamientos de los medios evade con agresiones verbales y exige pruebas y denuncias a los periodistas que la inquieren, cuando sabe perfectamente que la labor de un periodista es cuestionar e incomodar al poder como lo afirmo Julio Scherer García, director fundador de la revista proceso y no presentar denuncias en el ministerio público.

Ante esto debemos preguntarnos ¿Si realmente en México existe justicia? ¿Qué transformación puede existir cuando las víctimas siguen siendo olvidadas, cuando los criminales quedan impunes con políticas de abrazos, no balazos; cuando el Estado mismo es cómplice o perpetrador de violaciones a los derechos humanos?

La trampa de la retórica

México no tiene un problema de legislación. Tiene un problema de aplicación, de voluntad política, de corrupción sistémica y de complicidad institucional que ha llegado a los altos mandos de quienes debieran ejercer la justicia tanto en los tribunales como en los cuerpos policiacos, ejército y marina.
Combatir la impunidad implicaría investigar a militares, a policías, a funcionarios públicos. Implicaría tocar intereses políticos y económicos. Implicaría reconocer que el Estado mexicano ha sido, durante décadas, uno de los principales violadores de derechos humanos en el país. Y eso, ningún gobierno está dispuesto a reconocerlo.

Mientras el mundo conmemora la Declaración Universal de Derechos Humanos, quienes nos gobiernan deberían hacer un ejercicio de honestidad con nuestra realidad.

Los derechos humanos no son una declaración de buenas intenciones. Son una exigencia mínima de dignidad. Y en México, esa dignidad sigue siendo negada a millones de personas cada día.

La Declaración Universal de Derechos Humanos fue una promesa hecha al mundo en 1948. Setenta y siete años después, México sigue sin cumplirla.

Y mientras no lo hagamos, cada 10 de diciembre será un recordatorio y la herida de un pueblo volverá a sangrar.