Decisión que raya en criminal despropósito

Es verdaderamente grave la determinación, adoptada por la suprema corte de justicia de la nación, al conceder al gobierno federal, una controversia constitucional en un asunto de capital importancia económica y social para el estado de Chihuahua, como es la industria ganadera.

Está Chihuahua, cercada por el gusano barrenador, que ya llegó a escasos 500 km en una línea recta desde Tamaulipas y poco más desde de Nuevo León, en donde han sido detectados casos recientes de la plaga.

Ha sido ineficiente por no decir, indolente el gobierno federal en el combate del gusano barrenador. Irresponsable hasta el tuétano, el Gobierno abrió de par en par las puertas de Sudamérica para el ingreso de ganado barato, para tratar de reducir el costo de la carne que la inflación hace incomible.

Pues la solución salió más cara, porque ese ganado barato ingresó con un mínimo de control, y, por tanto, no tardaron en llegar los primeros casos de gusano, barrenador a Chiapas, y de ahí a 17 entidades federativas, hasta tocar las puertas, del Estado de Chihuahua, y del resto de los estados norteños, que son ganaderos, donde no sólo los grandes propietarios viven del ganado, sino miles de familias que se dedican a esta industria.

Ante ello, Chihuahua adoptó medidas reglamentarias urgentes, con la finalidad de hacer revisiones más exhaustivas en las carreteras, sabiendo que el gobierno federal había fracasado por dedicar unos cuantos pesos, en un malpensado ahorro que ahora cuesta millones de dólares, y que además condena a la población a consumir ganado de baja calidad.

Pues la corte le dijo a Chihuahua que no tiene facultades para cuidar su ganadería y que es Facultad Federal. Irracional hasta el tope, la corte hace al alarde de legalidad, inclusive trayendo a colación resoluciones de una de las Salas, pero se olvida de la emergencia sanitaria.

Morena y la cuarta transformación están por sepultar un pilar más de México, como es la ganadería. El centralismo se impone una vez más sobre la necesaria facultad de los estados de cuidar su régimen interior.

Es a todas luces criminal la determinación, que debe ser entendida política del Estado mexicano, desde la irresponsabilidad de Senasica como órgano técnico, hasta la determinación de la corte del acordeón que solapa su incompetencia.