Envía Gobernadora de Puerto Rico iniciativa que tipifica el aborto en cualquiera de las etapas de gestación como «asesinato»

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, presentó un proyecto de ley que propone clasificar como asesinato la muerte del “concebido” en cualquier etapa del embarazo dentro del Código Penal. La iniciativa, revelada por el diario El Nuevo Día, busca unificar el trato legal del no nacido entre el derecho civil y el penal.

Según el planteamiento legislativo, la figura del “concebido” se utiliza para abarcar todas las fases de la gestación, otorgando protección penal máxima ante la muerte intencional, sin importar el momento del embarazo. En la exposición de motivos se argumenta que la medida es necesaria “para mantener coherencia entre las disposiciones civiles y penales”, de modo que el reconocimiento jurídico que ya existe en el ámbito civil tenga un correlato equivalente en el penal.

El proyecto se presenta en un contexto de debate intenso en Puerto Rico sobre el estatus jurídico del concebido y el alcance de las normas relacionadas con el aborto. En años recientes, distintas iniciativas han intentado precisar definiciones, plazos y causales, generando posturas encontradas entre grupos provida, organizaciones feministas y sectores de la salud.

Especialistas han advertido que tipificar como asesinato la muerte del concebido en cualquier etapa podría tener implicaciones amplias, desde la discusión sobre aborto y violencia de pareja hasta la responsabilidad médica y la interpretación de delitos ya existentes, especialmente en la práctica de ginecología y obstetricia.

En el derecho civil puertorriqueño, el concebido ha sido reconocido como titular de ciertos derechos condicionados al nacimiento con vida. La propuesta de González pretende trasladar ese reconocimiento conceptual al ámbito penal, equiparando la muerte intencional del concebido con la de una persona ya nacida para efectos sancionatorios.

La gobernadora subraya que no debe existir una brecha normativa entre cómo el ordenamiento protege al concebido en materias patrimoniales o familiares y cómo responde ante actos violentos que causen su muerte. Con ello, coloca la defensa del concebido en el centro de la agenda legislativa.

El proyecto iniciará ahora su trámite ordinario en la Legislatura, con vistas públicas y análisis en comisiones. En ese proceso se anticipa la participación de expertos legales, organizaciones médicas y grupos ciudadanos, en un debate que promete marcar la discusión pública sobre derechos reproductivos, protección de la vida en gestación y el alcance del derecho penal en la isla.