Prohiben grabar las audiencias de jueces federales

• El nuevo órgano administrador del Poder Judicial restringe el uso de celulares y tecnología en salas federales, obligando a los ciudadanos a consultar videos solo en espacios oficiales y bajo vigilancia.

En una decisión que marca un precedente sobre el control de la información, el Pleno del Órgano de Administración Judicial federal aprobó por unanimidad el acuerdo AG-PAJ-002/2026. Esta normativa prohíbe de forma expresa que cualquier asistente a las audiencias federales —incluso aquellas de carácter público— registre imágenes, audio o video mediante dispositivos personales.

La restricción es especialmente severa en el Sistema Penal Acusatorio, donde el artículo 58 del nuevo acuerdo veta cualquier tipo de registro gráfico o sonoro. Con esta medida, el Poder Judicial busca garantizar la protección de datos personales, aunque en la práctica establece un «cerco» a la libre difusión de lo que ocurre dentro de los tribunales.

A partir de ahora, la publicidad de las audiencias no será sinónimo de libre acceso digital. Quien desee consultar una videograbación deberá someterse a un protocolo estrictamente presencial:

El interesado debe pedir acceso formal ante el juzgado o tribunal correspondiente.
La visualización solo podrá realizarse en áreas designadas dentro de las sedes judiciales; no se entregarán copias ni se enviarán archivos por medios electrónicos.
Antes de ver el material, el ciudadano deberá firmar una declaración bajo protesta de decir verdad prometiendo no grabar la pantalla. Si se detecta un celular o equipo de grabación, la proyección será suspendida de inmediato.

El acuerdo también faculta a los jueces para filtrar activamente la información en tiempo real, asegurando que no se expongan datos sensibles durante el desarrollo de las diligencias.

En un contexto de profunda transformación del sistema de justicia, el mensaje de la llamada «Alta Sala» es contundente: la justicia sigue siendo pública, pero su registro y distribución quedan bajo el control absoluto de la institución. Al finalizar cada consulta, se levantará un acta para dejar constancia de quién tuvo acceso al material, cerrando así el ciclo de vigilancia sobre la información judicial.