Ahorcada la 4T por sus propias decisiones

Ha venido el movimiento denominado de la cuarta transformación tomando decisiones en materia económica y de las finanzas públicas, que la han dejado poco a poco sin capacidad de afrontar desastres políticos o naturales.

Destrozaron los fideicomisos existentes, con el argumento de que bajo ellos había mucha corrupción, sin demostrarlo jamás ni iniciar una sola carpeta de investigación; con pura retorica desmantelaron por ejemplo el FONDEN y otras bolsas de recursos indispensables.

Por ello cuando llegan los huracanes y no dejan piedra sobre piedra en Acapulco, no hay suficientes recursos, para entrar al rescate de la economía local que vive del turismo y que no solo es negocio de los grandes consorcios, sino pequeñas y medianas empresas que generan el grueso del empleo.

Las cadenas hoteleras trasnacionales reponen sus activos en unos meses gracias a la capacidad de inversión con que cuentan, pero el resto de las personas quedan en el desamparo y la destrucción que todavía hoy es posible apreciar en aquella paradisiaca zona.

Lo mismo está pasando con el campo. Los precios de garantía ofrecidos por el gobierno federal son ridículos, cinco o siete pesos por kilo de maíz, mientras que la tortilla industrializada que se vende en cualquier tienda alcanza hasta los 30 pesos, con pingues ganancias para los empresarios e industriales, algunos de ellos, como Altagracia Gómez, metidos hasta la cocina con la 4T.

Los industriales y empresarios impactan los costos de la inflación al producto final, que pagan los consumidores, pero esto no ocurre con los campesinos, que son castigados con un precio que no garantiza siquiera la sobrevivencia de las pequeñas unidades de producción, ni de las comunales.

Está derrochando casi un billón de pesos la 4T en dádivas electorales, auténtico peculado; sigue gastando en el Tren Maya, en Dos Bocas, en el aeropuerto Felipe Ángeles, y en Pemex, con cantidades exorbitantes que caen en el barril sin fondo, porque ninguno de los proyectos despega.

Por ello ha debido acudir a la deuda, con cerca de dos billones de empréstitos solo para salir el próximo año fiscal, debido al déficit que representan los ingresos contra los egresos fastuosos e impregnados de peculado.
Esas carreteras cerradas por transportistas y campesinos, son producto de las malas decisiones adoptadas por el gobierno federal desde Andrés Manuel hasta la actualidad; de nadie más es la responsabilidad, por lo que son ellos, quienes deben arreglar el entuerto, con una política del campo adecuada y no la retórica que está agotada.