Alta Gracia Gómez, Minsa y el precio de garantía: el conflicto de interés que huele a maíz quemado

Por Mar Roxo

En un país donde cada grano de maíz sostiene no solo la economía rural sino la identidad cultural de México, cualquier decisión pública sobre este cultivo debería ser tomada con absoluta transparencia. Sin embargo, el Gobierno federal ha permitido que una sombra de duda se proyecte sobre el nuevo esquema de precio de garantía del maíz, al colocar a Alta Gracia Gómez, Coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas, en el centro de una negociación que afecta directamente a una empresa de la cual es accionista: Grupo Minsa, uno de los principales productores de harina de maíz en el país.

El conflicto de interés es tan evidente que resulta insultante que se intente presentar como normal. Desde su posición, Gómez participa en el diseño de estrategias económicas regionales que inciden directamente en el mercado agrícola, mientras Minsa opera como un actor dominante que depende del costo del maíz para maximizar su margen de ganancia. ¿Cómo puede el Gobierno exigir confianza a los productores si quienes asesoran la política pública también tienen intereses corporativos en la mesa?

La fijación del precio de garantía debería ser un mecanismo para proteger a los pequeños agricultores frente a los vaivenes del mercado y el poder de los grandes compradores. Pero cuando una empresa vinculada a una de las asesoras clave puede beneficiarse de decisiones del Estado, este instrumento se pervierte. Deja de ser un escudo para el campesinado y se convierte en una herramienta útil para los grandes procesadores que desean comprar barato y vender caro.

Los agricultores lo saben. Por eso desconfían. Por eso reclaman. Por eso cuestionan la legitimidad de un proceso que, en teoría, debería asegurarles estabilidad y condiciones justas, pero que hoy se negocia bajo sospechas razonables. No hablamos de rumores: hablamos de documentos públicos que confirman la relación empresarial y del propio posicionamiento estratégico de Minsa dentro del mercado nacional.

El Gobierno de Sheinbaum insiste en que la transición de precios base a precios de garantía fortalecerá al campo. Pero sin mecanismos claros de prevención de conflictos de interés, todo avance queda empañado. Y el daño es doble: se erosiona la confianza de los productores y se alimenta la percepción de que las decisiones del Estado están siendo capturadas por élites empresariales cercanas al poder.

La pregunta es simple:

¿Para quién se está construyendo la política agrícola del país? ¿Para quienes siembran… o para quienes muelen?

Mientras Claudia Sheinbaum no tome distancia clara de los intereses corporativos ligados a sus propios asesores, su gobierno cargará con este lastre ético. Porque la transparencia no es un gesto político: es una obligación democrática. Y el maíz —sagrado, básico, indispensable— merece decisiones tan limpias como la tierra que lo hace brotar.