De la DANA a la impunidad mexicana

Mientras que en España la gestión de desastres –en el caso específico de la DANA- activa las vías penal y política para depurar responsabilidades, en México, tragedias como el «Culiacanazo» o la explosión en Tlahuelilpan –entre otros muchos casos, por ejemplo las alertas tardías en Veracruz o Acapulco- persisten en la opacidad y la impunidad.

Ante la tragedia de la DANA, las autoridades españolas activaron un doble mecanismo de investigación, garantizando que tanto la negligencia como la mala gestión política fueran fiscalizadas.

La investigación judicial se centró en la posible existencia de delitos de homicidio imprudente y lesiones, por lo que la jueza ha citado como investigados a dos ex altos cargos de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas (Exconsellera de Justicia e Interior) y Emilio Argüeso (Exsecretario autonómico de Seguridad y Emergencias).

El foco de esta pesquisa es la presunta tardanza en la activación de las alertas y la potencial inacción frente a los avisos meteorológicos.

Pero no solo ha quedado ahí, han sido citados altos cargos del gobierno valenciano, como funcionarios de Emergencias y alcaldes de los municipios afectados; incluso un comandante jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Paralelamente a la acción judicial, se lleva a cabo una comisión de investigación parlamentaria en el Congreso, buscando depurar responsabilidades políticas y proponer mejoras en los protocolos de emergencia.
Han sido interrogados el Presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la exconsellera Salomé Pradas, cuya gestión de la comunicación de alertas fue un punto central del debate.

En México, dos de las tragedias más visibles de la gestión reciente—la explosión del ducto en Tlahuelilpan y la humillación militar en Culiacán—muestran una inercia institucional que impide el progreso en la determinación de responsabilidades.

A seis años de la explosión por huachicol que cobró la vida de 137 personas, el caso se caracteriza por la impunidad total, ya que ninguna de las investigaciones iniciadas por las autoridades locales y federales, ha culminado en sentencias de altos mandos.

El operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán, que terminó con la humillación del Ejército por parte del Cártel de Sinaloa, ha quedado envuelto en la opacidad, con investigaciones sin avance y ocultas.

Además, cualquier dato relacionado con el «Culiacanazo» es declarado reservado o confidencial, llegando las autoridades a declararla «inexistente».

Ahí tenemos el contraste.
Mientras que la respuesta española a la DANA activa el poder judicial y legislativo para someter a intensos interrogatorios (y potencialmente a la justicia penal) a los altos cargos, exigiendo verdad, justicia y reparación a las víctimas, la respuesta institucional mexicana ante el huachicol y el «Culiacanazo» se ha caracterizado por inacción y secretismo.

El problema es que no cambiará nada ahora que la Fiscal General es parte del equipo de Claudia Sheinbaum, con quien ha recorrido los últimos años de servicio público, primero como Fiscal en la ciudad de México, Senadora y Consejera Jurídica.

Si con Hertz Manero la autonomía era cero, ahora será menos cero.