Diplomacia de «terciopelo» y soberanía bajo advertencia: El saldo del encuentro Sheinbaum-Campos

Bajo el Eufemismo de una “conversación cordial”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó un severo recordatorio de orden jerárquico y constitucional a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván. Lo que se presentó como una reunión informativa tras el accidente que costó la vida a dos agentes estatales y dos funcionarios estadounidenses el pasado 19 de abril, terminó siendo el escenario para una reprimenda política: en Chihuahua, se violaron los protocolos de seguridad nacional.

Durante la conferencia matutina de este viernes, Sheinbaum fue incisiva al señalar que la administración de Campos Galván operó fuera del marco legal. La presencia de agentes extranjeros en un operativo táctico en el municipio de Morelos no solo fue irregular, sino que ignoró el canal obligatorio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“De parte del secretario de Seguridad (García Harfuch), se le expusieron los principios y las leyes que deben seguirse para colaborar con gobiernos extranjeros; en este caso, no se cumplió con dicho procedimiento”, sentenció la mandataria federal.

Esta declaración desnuda una realidad incómoda para el Palacio de Gobierno en Chihuahua: la gestión de la seguridad estatal parece haber establecido una «vía rápida» de cooperación con agencias de EE. UU. (presuntamente la CIA), saltándose los filtros de soberanía que la administración federal busca proteger con celo.

La crisis en Chihuahua no se quedará en las fronteras del estado grande. La presidenta anunció el envío de una misiva a todos los gobernadores del país —incluida la Jefa de Gobierno de la CDMX— que funciona como una advertencia preventiva. El mensaje es claro: la política exterior y la seguridad nacional no son facultades delegables ni sujetas a interpretaciones estatales.

El hecho de que el contenido de la carta se mantenga bajo reserva sugiere un endurecimiento en las reglas de operación para las fiscalías y secretarías de seguridad locales que mantienen vínculos estrechos con agencias del vecino país.

Otro punto crítico es la confirmación de la ruptura —o al menos el enfriamiento— de la comunicación directa entre Sheinbaum y Campos. Al señalar que cualquier enlace futuro será estrictamente a través del gabinete de seguridad, la presidenta establece una barrera burocrática que reduce el margen de maniobra política de la gobernadora chihuahuense ante el Ejecutivo Federal.

La tragedia del 19 de abril no solo expuso la peligrosidad de las rutas en la Sierra Tarahumara, sino una estructura de seguridad estatal que opera bajo sus propias reglas. La «cordialidad» mencionada por Sheinbaum parece ser más una formalidad diplomática que una reconciliación; en el fondo, queda una investigación abierta sobre la presencia extranjera en territorio nacional y un gobierno estatal que, por ahora, se encuentra bajo la lupa de la federación por comprometer la soberanía nacional en aras de una eficacia operativa no informada.