Nueva Ley de Aguas deja vacíos legales sobre reducción de concesiones
Aunque establece prioridad al consumo humano, no define criterios ni órganos responsables para determinar riesgos hídricos
La iniciativa de Ley General de Aguas que el gobierno federal envió al Congreso en octubre pasado refuerza la rectoría del Estado sobre el recurso hídrico y establece que el consumo humano y doméstico tendrá prioridad absoluta en todas las nuevas concesiones o asignaciones.
Sin embargo, el proyecto presenta una laguna legal importante: aunque faculta a la Conagua para disminuir o cancelar volúmenes de agua concesionada cuando exista riesgo para el consumo humano o la seguridad hídrica nacional, no especifica los criterios técnicos para determinar cuándo existe ese riesgo, ni qué órgano dentro de la Conagua será responsable de tomar esas decisiones.
Esta ambigüedad podría generar incertidumbre jurídica para los concesionarios, especialmente del sector agrícola e industrial, quienes desconocen bajo qué parámetros objetivos podrían ver reducidas o canceladas sus concesiones de agua.
La iniciativa busca garantizar el derecho humano al agua mediante la definición de acciones y competencias entre los tres órdenes de gobierno, colocando en el centro la participación ciudadana y la atención a grupos vulnerables, sin embargo deja en la indefensión a quienes grandes sectores como lo es el agrícola e industrial, quienes son los que producen riqueza para este país.
Además, elimina la posibilidad de transmitir concesiones entre particulares y establece que todas las prórrogas deberán pasar por análisis de la autoridad del agua.
Expertos señalan que será fundamental que en el proceso legislativo se precisen los mecanismos, indicadores y procedimientos que la Conagua deberá seguir para determinar cuándo existe un riesgo real para la seguridad hídrica, a fin de evitar decisiones arbitrarias o discrecionales que afecten la certeza jurídica de los usuarios del agua.
La iniciativa se encuentra actualmente en revisión en la Cámara de Diputados, una vez que fue enviada por la presidente Claudia Sheinbaum Pardo.

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