Tail Chasing y la dirigencia morenista

Por Mar Roxo

Existe una conducta animal conocida como tail chasing: el momento en que un perro gira obsesivamente sobre sí mismo intentando morder su propia cola. A veces parece un juego; otras, un síntoma de ansiedad, estrés o desajuste.

Algo parecido comienza a observarse en la política nacional y particularmente en el caso de Chihuahua.

El día de hoy, dirigentes de Morena arribaron a la capital del estado para anunciar una “movilización social” el sábado 14 de mayo con el propósito de impulsar un juicio de desafuero contra la gobernadora Maru Campos, derivado de los hechos ocurridos durante el operativo encabezado por la Agencia Estatal de Investigación y el Ejército Mexicano en la región del Pinal, municipio de Morelos.

Originalmente, el operativo representaba un duro golpe contra el narcotráfico tras la destrucción de un laboratorio de metanfetaminas. Sin embargo, el impacto del aseguramiento pasó rápidamente a segundo plano cuando comenzó a revelarse que en el sitio se encontraban cuatro ciudadanos extranjeros. Dos de ellos perdieron la vida en el accidente donde también murieron el director de la AEI y su escolta, luego de caer más de 200 metros en una zona de barrancos.

La tragedia derivó en una cadena de errores políticos y de comunicación.
La falta de coordinación dentro de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua abrió la puerta a especulaciones de toda clase: que si eran funcionarios de embajada, agentes de la DEA o incluso miembros de la CIA. Finalmente terminó ventilándose que, en efecto, se trataba de agentes de la Central Intelligence Agency, aunque sin esclarecerse plenamente cuál era su papel específico dentro del operativo realizado en Morelos.

La crisis escaló rápidamente al plano nacional.
Desde la Cámara de Senadores, y bajo el impulso político de la presidenta Claudia Sheinbaum, se promovió una especie de comparecencia que oficialmente no era comparecencia, sino una “invitación cordial” a la gobernadora Maru Campos para esclarecer los hechos. Invitación que inicialmente aceptó y posteriormente rechazó.

El rechazo fue aprovechado por diversos actores políticos para presentar la decisión como un desplante o un acto de soberbia política. Sin embargo, el debate jurídico dejó otra cuestión sobre la mesa: las facultades del Congreso de la Unión no contemplan llamar a comparecer a gobernadores estatales bajo esa figura, al tratarse de atribuciones que corresponden a los congresos locales dentro del marco federalista.

Después de la reunión con el Secretario de Seguridad Nacional Omar García Harfuch y establecer acuerdos, la gobernadora ya en chihuahua y en medio de la presión intentó enfriar el tema anunciando una comisión investigadora. Pero apenas minutos después del anuncio, el fiscal César Jáuregui presentó su renuncia con carácter irrevocable.

Y entonces la narrativa cambió por completo.

El fiscal que venía creciendo políticamente rumbo a la alcaldía de la capital quedó súbitamente descarrilado. Una caída política tan abrupta como simbólica, en un contexto donde la percepción pública ya asociaba improvisación, desgaste y crisis institucional.

Pero cuando parecía que Chihuahua concentraría toda la atención nacional, otro escándalo explotó desde Estados Unidos.

Un juez en Nueva York solicitó al gobierno mexicano la detención con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; del alcalde de Culiacán; del senador Inzunza y de otros funcionarios sinaloenses.

El gallinero político se agitó de inmediato.

Mientras en Chihuahua se exigían explicaciones bajo el argumento de soberanía y transparencia, desde Morena y desde la propia presidenta Sheinbaum se minimizó la solicitud estadounidense. Rocha Moya pidió licencia temporal y se nombró una gobernadora interina, sí, aquella dama, que en un acto público, el propio Rocha Moya llamo “meserita” cuando la tómbola de Morena le fue favorable.
Y es precisamente ahí donde aparece el tail chasing político.

Porque mientras Morena intenta posicionar el caso Chihuahua como una bandera de defensa de la soberanía nacional, simultáneamente desestima o relativiza acusaciones mucho más delicadas que golpean directamente a cuadros políticos afines.

La nueva dirigente nacional del partido —por cierto, con raíces en Chihuahua— llega a la capital para anunciar movilizaciones contra Maru Campos bajo una narrativa patriótica, pero el mensaje termina pareciendo más una maniobra de distracción que una búsqueda auténtica de verdad o justicia.

Y esperando también que esa energía política, esa indignación y ese llamado a la rendición de cuentas se apliquen con la misma vara para otros casos que han estremecido al país.

Que exista el mismo interés por revisar la situación del gobierno de Michoacán tras el asesinato de Carlos Manso, así como las muertes de líderes limoneros, aguacateros y defensores de zonas protegidas que han sido privados de la vida en medio de la violencia criminal y los intereses económicos que asfixian a la entidad.

Que la misma exigencia alcance a Rocío Nahle, los casos de corrupción de su yerno Fernando Bilbao Arrieta y a los desastres ecológicos en el Golfo derivados de derrames petroleros, cuyos impactos ambientales rara vez generan movilizaciones nacionales o llamados urgentes a comparecencias políticas.

Que también se mida con el mismo criterio a gobernadores, presidentes municipales, diputados y senadores involucrados en escándalos de corrupción, desvío de recursos, vínculos criminales o abuso de poder, independientemente del partido político al que pertenezcan, sin embargo la mayoría son activos de morena.

Y por supuesto, que la lupa alcance igualmente a los llamados “querubines” hermanos López Beltrán y sus amigos con presuntos vínculos o señalamientos relacionados con el huachicol, contrataciones, tráfico de influencias en la operación de las grandes obras faraónicas de la llamada Cuarta Transformación.

Si la justicia, la transparencia y la soberanía nacional van a convertirse en banderas políticas, entonces tendrían que ejercerse sin selectividad, sin conveniencias partidistas y sin la tentación permanente de utilizar una tragedia local como cortina para ocultar incendios mucho más cercanos al poder central.

De lo contrario, el tail chasing continuará: girar frenéticamente alrededor del adversario mientras se evita pisar las propias sombras.

Morena, como esos perros atrapados en una compulsión nerviosa, parece girar una y otra vez alrededor del mismo mecanismo político: presión mediática, indignación selectiva y confrontación permanente.

Quizá sea estrés político. Quizá presión desde Palenque. O quizá simplemente la necesidad constante de mover la famosa “caja china” cuando otros incendios amenazan con consumir al oficialismo.

Pero mientras el oficialismo gira sobre sí mismo buscando culpables externos e inclusive reviviéndolos de la misma tumba, el país continúa atrapado entre la violencia del narcotráfico, las crisis institucionales y una política que cada vez se parece más a un animal corriendo en círculos en la búsqueda de ese apreciado rabo.