Cuando la ineptitud gobierna un país

Por Gabriel Piñón

En el mundo hay países que avanzan a pesar de sus errores, y hay otros que se hunden lentamente cuando quienes toman decisiones carecen de capacidad, visión y responsabilidad. México parece transitar, con preocupante normalidad, por este segundo camino: el de la ineficiencia institucional y la ceguera deliberada.

El problema no es únicamente equivocarse, sabemos que toda administración lo hace, sin embargo cuando aún con el error se niega la realidad y se minimizan sus consecuencias, la inacción daña de forma irreversible el patrimonio natural y social del país.

Uno de los casos más emblemáticos es la construcción del Tren Maya, proyecto que ha sido presentado como símbolo de desarrollo muy al estilo de la 4T, pero que en los hechos ha significado devastación ambiental en el sureste mexicano. La tala de selva, la fragmentación de ecosistemas y la afectación a especies endémicas no son opiniones, sino consecuencias documentadas por especialistas. Lo más grave no es solo el daño, sino la lógica que le da sustento: la imposición de una obra sin planeación ambiental integral, impulsada más por la narrativa política que por el interés público.

A esta cadena de decisiones cuestionables se suma hoy el derrame de petróleo en las costas de Veracruz, una tragedia ambiental que exhibe nuevamente la incapacidad de dar respuesta a contingencias ambientales de una manera efectiva, es decir los gobiernos de la 4T prefieren negar la realidad que atenderla. La contaminación, que se extiende por más de 600 kilómetros del litoral, amenaza arrecifes, manglares y la biodiversidad marina que sostiene a comunidades enteras.

En este contexto, la postura de la gobernadora Rocío Nahle resulta preocupante, su soberbia de mujer empoderada no tiene límites y la expone como una política inepta y negligente.

Minimizar el desastre al calificarlo como “unas gotas” no es un error comunicativo, es una forma que ha caracterizado su gobierno.

Nahle evade responsabilidades, desestima la evidencia y que, en los hechos, abandona a quienes dependen del equilibrio ambiental para sobrevivir, cientos de familias pescadoras de esas zonas, sufren las consecuencias, mientras el gobierno utiliza todos los medios posibles para desestimar la catástrofe ambiental, que pronto tocara las costas de Estados Unidos.

Las imágenes difundidas en redes sociales desmienten de forma contundente cualquier intento de minimizar la magnitud del daño. La fotografía de una tortuga inerte cubierta de petróleo, así como las extensas manchas oscuras que avanzan al ritmo de las olas, son evidencias claras de que no se trata de un incidente menor. Estas escenas no solo conmocionan: ponen al descubierto la incapacidad y la falta de sensibilidad de las autoridades ante una crisis ambiental de gran escala.

Detrás de cada hectárea devastada y de cada kilómetro de costa contaminada hay pescadores que pierden su sustento, familias que enfrentan incertidumbre y ecosistemas cuya recuperación puede tomar décadas, si es que ocurre.

La constante en estos episodios no es la casualidad, sino la negligencia sistemática. Gobernar implica anticipar riesgos, escuchar a expertos y actuar con responsabilidad. Cuando esto no ocurre, el resultado es un país que se vuelve ineficiente, reactivo y profundamente injusto.

La historia demuestra que los mayores daños no siempre provienen de la falta de recursos, sino de la falta de capacidad. Cuando la ineptitud se instala en el poder, sus efectos no son temporales: se arraigan en el territorio, en la economía y en la vida de las personas.

México no puede darse el lujo de normalizar la mediocridad en la toma de decisiones. Porque cada omisión, cada minimización y cada error no corregido tiene un costo. Y ese costo, como hoy lo vemos en el sureste y en el Golfo, lo paga el país entero.