TERREMOTO POLÍTICO EN SINALOA: RENUNCIA EL VICEFISCAL TRAS SER SEÑALADO POR ESTADOS UNIDOS

​La estructura institucional de Sinaloa sufrió un nuevo y demoledor golpe este martes con la solicitud de licencia de Dámaso Castro Saavedra al cargo de Vicefiscal General del Estado, una decisión que se produce en medio de uno de los escándalos de corrupción judicial más grandes en la historia moderna de la entidad. La salida de Castro Saavedra no es un movimiento administrativo de rutina, sino una respuesta directa a las gravísimas acusaciones emitidas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que lo coloca dentro de un grupo selecto de funcionarios públicos presuntamente vinculados a actividades de protección y colaboración con el crimen organizado.
​El ahora exvicefiscal figura en una lista negra de diez personajes clave de la política sinaloense que son reclamados por la justicia estadounidense por su supuesta participación en una red de impunidad que favorecía las operaciones de la facción de «Los Chapitos».

Según las investigaciones del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, estos funcionarios habrían utilizado su poder e influencia para filtrar información sobre operativos de seguridad y facilitar el tráfico de fentanilo hacia el norte, lo que ha desencadenado un proceso de crisis diplomática y judicial sin precedentes entre ambos países.

​La separación del cargo se formalizó bajo el concepto de licencia sin goce de sueldo, una estrategia legal que, según analistas, busca facilitar la comparecencia de Castro Saavedra ante la Fiscalía General de la República (FGR), la cual ya ha iniciado los protocolos correspondientes ante las solicitudes de extradición.

La Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó la recepción del documento y señaló que la institución colaborará plenamente con las autoridades federales para garantizar que el proceso se lleve a cabo con total transparencia, mientras la oficina de la vicefiscalía queda en un estado de acefalía temporal.

​Esta renuncia se suma a la estrepitosa caída de otras figuras de primer nivel en Sinaloa, incluyendo al gobernador y diversos alcaldes, quienes también han solicitado separarse de sus funciones tras verse envueltos en la misma trama de acusaciones internacionales. El vacío de poder generado por estas salidas masivas ha sumido al estado en un clima de incertidumbre total, donde la ciudadanía observa cómo las cabezas de las instituciones encargadas de impartir justicia son ahora las principales figuras perseguidas por la ley bajo cargos de conspiración criminal.

​Mientras la FGR agota los tiempos legales para ejecutar las órdenes de aprehensión con fines de extradición, el caso de Dámaso Castro Saavedra se convierte en el símbolo de una fiscalía local bajo sospecha que ha sido desmantelada por la presión de Washington.

El futuro del exfuncionario es ahora incierto y dependerá de la robustez de las pruebas presentadas por las agencias de inteligencia extranjeras, en un proceso que promete revelar los nexos más oscuros entre el aparato de justicia sinaloense y los grupos delictivos que operan en la región.