Renuncia Zuany Portillo tras revelarse presencia de agentes armados extranjeros

La renuncia de Zuany Portillo a la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas no representa un simple movimiento de personal, sino el colapso institucional de una gestión que hoy se encuentra bajo el microscopio de la sospecha y la soberanía vulnerada.

Esta dimisión, precipitada por las demoledoras revelaciones de la fiscal Wendy Paola Chávez, pone al descubierto una trama de irregularidades donde las instalaciones oficiales de la Fiscalía habrían servido como base de operaciones para agentes extranjeros armados, operando fuera de cualquier protocolo convencional.

Lo que inició como una investigación sobre un narcolaboratorio y los violentos sucesos de abril en la Sierra, ha terminado por desnudar una preocupante permisividad interna: la presencia de elementos estadounidenses, captados incluso portando armas largas en sedes ministeriales, no era un secreto para la cadena de mando, sino una realidad tolerada que hoy dinamita la credibilidad de la justicia en Chihuahua.

Portillo, quien escaló desde la dirección de la Agencia Estatal de Investigación en 2021 hasta ser ungido por el exfiscal César Jáuregui en septiembre de 2025 para encabezar la lucha contra el secuestro y la extorsión, abandona su cargo en el momento más crítico para la administración de Maru Campos.

Mientras la narrativa oficial intenta contener el daño con la consigna de actuar «caiga quien caiga», la salida de este alto mando sugiere que el costo político de la infiltración extranjera en áreas estratégicas ha superado cualquier intento de control de daños.

La crisis actual no solo obliga a cuestionar quién autorizó el libre tránsito de agentes foráneos armados en oficinas gubernamentales, sino que deja en entredicho si la persecución de delitos de alto impacto estaba realmente en manos locales o si la estructura de la Fiscalía se convirtió en un terreno de jurisdicciones compartidas a espaldas del marco legal y el escrutinio público.