Notas Principales

«Injerencia extranjera” ya es causal de nulidad: así cambió la Constitución este 3 de junio

A partir de este martes 3 de junio, México estrenó una nueva regla para sus elecciones. El Diario Oficial de la Federación publicó la reforma al artículo 41 constitucional que permite anular cualquier elección federal, estatal o municipal cuando se acredite que hubo intervención o injerencia extranjera que influyó en el resultado. Con esa publicación, la modificación entró en vigor y ya forma parte del marco que regirá las urnas de 2027.

El camino legislativo fue rápido. La iniciativa, impulsada por el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se aprobó en San Lázaro con 307 votos y en el Senado con 85.

Después, como miembros de una orquesta sinfónica 24 congresos estatales la ratificaron, suficiente para que la Comisión Permanente declarara su constitucionalidad el 1 de junio y ordenara su publicación. En paralelo, el mismo día se publicaron también la reforma al Poder Judicial y los cambios sobre integridad de candidaturas.

La nueva causal se suma a las tres que ya existían: rebasar el tope de gasto, contratar cobertura en radio y televisión al margen de la ley, y usar recursos públicos o de procedencia ilícita. La diferencia es que esta vez el concepto que abre la puerta a la nulidad es “injerencia extranjera”, un término que la propia reforma no define con detalle.

Ahí está el centro del debate. Desde el oficialismo, Monreal ha insistido en que no se trata de censurar opiniones. Un tuit, una columna o una entrevista, dijo, no alcanzan para tumbar una elección. El requisito es que la intervención tenga un impacto real y demostrable en la votación. La intención, argumentan, es proteger la soberanía electoral frente a campañas digitales orquestadas desde el exterior, financiamiento opaco o estrategias de desinformación que ya han encendido alertas en otras democracias.

La oposición no quedó convencida. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra y advierten que la redacción es demasiado amplia. Sin criterios claros sobre qué se considera injerencia y cómo se mide su influencia, temen que la figura pueda usarse de forma discrecional contra medios, organizaciones civiles o proyectos con fondeo internacional. Movimiento Ciudadano además reclamó que la reforma dejó fuera la injerencia del crimen organizado, que consideran una amenaza más inmediata para los procesos locales.

Lo que sigue ahora es la letra chica. El Congreso de la Unión y los congresos estatales tienen hasta el 5 de junio para armonizar las leyes secundarias, y al INE y al Tribunal Electoral les tocará establecer cómo se acredita la injerencia y qué pruebas bastan para demostrar que alteró el resultado. Sin esos criterios, la causal existe pero su aplicación queda en el aire.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, celebró la publicación y aseguró que “el proyecto de nación avanza”. La oposición, en cambio, ya anunció que revisará las leyes secundarias y, si lo considera necesario, acudirá a la Corte.

Por ahora, la regla está vigente. La primera gran prueba será en 2027, cuando el país vuelva a las urnas y el INE tenga que estrenar esta nueva herramienta.

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