Morena, atrapado entre el discurso y la realidad
La posición de Morena pretendiendo erigir un muro de integridad y estricto apego a la legalidad que contrasta con los antecedentes del movimiento, es más una fachada retórica que una práctica genuina e institucional.
Mientras Morena presume actuar bajo principios de combate a la corrupción y respeto al estado de derecho, la historia reciente del partido y de su líder moral, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es una cronología de constantes desafíos a las normas jurídicas.
Exige el partido guinda un juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, bajo el argumento de que ella «infringió las leyes nacionales e internacionales», en busca de que «se respete la ley».
Sin embargo, esta postura choca frontalmente con hechos documentados donde Morena y AMLO han eludido el cumplimiento normativo de manera flagrante y descarada.
Ejemplo de ello es el histórico caso de «El Encino», donde el entonces jefe de Gobierno incurrió en desacato judicial al ignorar una orden federal de suspender obras en un terreno expropiado, lo que derivó en su desafuero en 2005.
Morena se presenta como un partido de «gente honesta» y «trayectoria comprobada», no obstante, los registros institucionales muestran una realidad distinta en materia de transparencia y financiamiento.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó una multa de 4.5 millones de pesos contra dicho partido por el esquema de los «Diezmos de Texcoco», donde se retuvo ilegalmente el 10% del salario a trabajadores municipales para la operación política.
A esto se suman las constantes sentencias del TEPJF confirmando que, desde las «Mañaneras», el Ejecutivo federal violó sistemáticamente los principios constitucionales de imparcialidad, neutralidad y equidad en las contiendas electorales.
Otro punto de quiebre entre el dicho y el hecho es el uso de decretos para evadir suspensiones judiciales, ya que mientras critica las acciones de la oposición en Chihuahua por considerarlas «conductas delictivas», el Gobierno federal ha utilizado decretos de «seguridad nacional» para continuar obras como el Tren Maya o el AIFA, ignorando suspensiones definitivas otorgadas por jueces federales.
Esta tendencia a la opacidad y al desacato fue incluso declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Está ahí ardiendo el huachicol fiscal por 600 mil millones de pesos, frente al cual palidece cualquier escándalo del PRIAN, junto con los videos de hermanos del prócer recibiendo sendos fajos de billetes en sobres amarillos.
Esta confrontación de narrativas y el uso selectivo de la legalidad por parte de Morena para atacar a sus adversarios, mientras minimiza sus propias faltas, trae a la memoria la frase del fallecido político chihuahuense Artemio Iglesias, el «filósofo de Rubio».
«A puñaladas iguales, llorar es cobardía».
Morena no puede reclamar el estricto cumplimiento de la ley en Chihuahua cuando su trayectoria está marcada por el uso de «acordeones» para inducir el voto judicial, violaciones al proceso parlamentario en el «Plan B» y una resistencia histórica a someterse a los controles institucionales que hoy invoca para sus oponentes.
Esperan del adversario la ingenuidad de ternuritas, cuando han dado muestra hasta el cansancio de una marrullería sin límites, como mantener un fuero constitucional a un gobernador con licencia o proteger a un Senador en el cargo. mientras ambos enfrentan orden de detención con base a un tratado de extradición con Estados Unidos.
O bien, mientras cometen peculado electoral descarado por 1 billón de pesos para fortalecer su base votante cautiva, en las narices de 137 millones de mexicanos, autoridades electorales cooptadas, un poder judicial colonizado y un ejército comprado.
¿Esperaban operar su marcha con acarreo en la más completa comodidad? ¿No son ellos quienes maniobran la toma permanente del Zócalo para que nadie -sin su consentimiento- lo use para expresarse libremente?
Golpean con sus porros, al estilo pandillas de Nueva York.
Unos bloqueos carreteros, unas lonas y una zanja bastaron para desarticular su excelso plan de desestabilización de fin de semana.
Ternuritas. Ellos marcaron el juego rudo y a él deben atenerse, en detrimento lamentable de la tolerancia y mínimo estándar de legalidad, que se ha roto, -no existe más- en retroceso de décadas.
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