Otra improvisación con sello de la 4T

Al cuarto para las doce llegó a la Cámara de Senadores la Iniciativa de Reforma al Poder Judicial con la firma de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al límite para modificar la constitución en materia electoral con motivo del proceso electoral del año próximo.

Revela dicha propuesta una serie de contradicciones técnicas y retrocesos en narrativa oficial, que son aceptación no solo tácita, sino expresa, de los burdos errores cometidos en la reforma judicial.

Primero, el embuste del ahorro y el cambio de calendario 2027 contra 2028. La mayor contradicción radica en la fecha de la elección judicial, proponiendo postergar la elección de jueces hasta junio de 2028.

Olvidaron los morenos que en el debate del Plan B electoral, defendieron ferozmente la concurrencia de procesos en 2027 bajo el argumento de ahorrar costos operativos.

Este cambio es un reconocimiento de que el diseño original era inviable. Insistieron en que el 2027 era la fecha ideal por austeridad, ahora admiten que la logística es un problema, proponiendo un cambio al vapor que es auténtico parche legal.

El otro cambio solicitado es el regreso de las Salas, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcione también en dos secciones para gestionar la carga de trabajo.

Olvidaron de nuevo -que memoria tan flaca- que el texto constitucional vigente, producto de la reforma de septiembre de 2024, eliminó las salas para que el tribunal funcionara exclusivamente en Pleno, bajo el argumento de que así evitarían resoluciones contradictorias y simulación.

Pues ahora regresan a las Salas, mediante secciones, en un ir y venir que es demostración palpable de una improvisación técnica que desmorona la certidumbre jurídica, aceptación de fracaso del modelo de funcionamiento exclusivo en Pleno, por la sobrecarga de asuntos, que se les dijo hasta el cansancio y necios no quisieron escuchar.

La reforma electoral no es otra cosa que avance centralista, en franco ataque del Federalismo, cuando establece que los estados deberán «sujetarse estrictamente» y replicar el modelo federal en sus elecciones locales.

Este criterio choca con el vigente artículo 40 constitucional, que define a los estados como libres y soberanos en su régimen interior, ya que les niega a los Congresos locales su derecho constitucional a legislar, obligándolos a copiar la reforma punto por punto y coma tras coma.
Dejan las entidades de ser soberanas para convertirse en extensiones administrativas del Ejecutivo Federal.

Como si no bastara todo lo anterior, en el colmo de la desfachatez, e intentando resolver la complejidad de la boleta electoral, introduce nuevas dudas que afectan el principio constitucional de la equidad.

Esa simplificación del voto y el uso de la insaculación pública para depurar las listas de candidatos antes de la elección es contradicción también evidente, una más, del discurso oficial.

No puede dejar de señalarse el gravísimo impacto en la certidumbre institucional y económica que pega en las calificadoras internacionales y la atracción de inversión.

La improvisación constante y el abandono de la democracia deliberativa permitiendo leyes al vapor sin debate generan un estado de indefensión que asusta a los inversionistas y erosiona el Estado de Derecho.