Chihuahua: entre la acción contra el crimen y el juicio político

Por Mar Roxo

De plano, en México vivimos en un mundo al revés, o de cabeza, como se dice coloquialmente. Ahora resulta que por combatir al crimen debes comparecer ante el máximo órgano legislativo del país.

Y no se trata de una defensa a ultranza de la gobernadora Maru Campos ni del fiscal general César Jáuregui Moreno. Se trata de poner en contexto lo ocurrido en Chihuahua hace unos días, donde un operativo en la región serrana terminó con la muerte de dos agentes vinculados a instancias de seguridad de Estados Unidos, ya sea de la CIA o de la representación diplomática en México, y del director de la Agencia Estatal de Investigaciones AEI y su escolta.

Es un tema delicado que exige seriedad. Pero lo que hemos visto dista mucho de ello. Vemos como senadores frustrados por su incapacidad política gritonean y se rasgan las vestiduras en sus curules como si clamaran venganza por sus derrotas políticas pasadas, buscando un escenario futuro al cual sacar provecho. Una lastima.

Lo que debería ser una discusión de fondo sobre cooperación internacional en materia de seguridad, combate al narcotráfico y fortalecimiento institucional, se ha reducido a grilla política. A un espectáculo donde lo importante no es esclarecer los hechos, sino repartir culpas y sacar el máximo provecho político en el momento.

La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado desconocimiento sobre los alcances de la colaboración entre autoridades de Estados Unidos y el estado de Chihuahua, señalando posibles violaciones a la ley en una postura que deja ver un enfoque marcadamente centralista. De hecho contradice lo afirmado por su maestro y antecesor “el presidente se entera de todo”.

Mientras tanto, la muerte de los agentes extranjeros y de elementos de la Agencia Estatal de Investigación queda en segundo plano, al igual que el golpe asestado a los productores de drogas y los esfuerzos por combatir al narcotráfico, que terminan siendo irrelevantes frente a la narrativa dominante de un gobierno que parece más preocupado por las afectaciones a las organizaciones criminales y a la presencia de agentes extranjeros en el pais que por la seguridad de quienes gobiernan. Lo que prevalece no es el resultado en materia de seguridad, sino la grilla, el enjuiciamiento político y la disputa discursiva.

El mensaje preocupa: se cuestiona, se señala y se política a quien actúa, interviene y combate.

En un país donde la violencia vinculada al crimen organizado ha rebasado capacidades institucionales, la cooperación internacional no debería ser motivo de escándalo, sino de análisis serio. ¿Bajo qué condiciones se da? ¿Qué protocolos se siguen? ¿Qué límites existen? Esas son las preguntas de fondo, y establecer un diálogo que permita la cooperación conjunta entre los diversos niveles de gobierno y las fuerzas de seguridad extranjeras.

También hay una evidente serie de contradicciones desde la propia fiscalía estatal. ¿Eran agentes de la embajada o de la CIA? ¿Participaron directamente en el operativo o no? ¿Cómo se explica la presencia conjunta del director de la AEI con los agentes extranjeros en una zona de alto riesgo y en horarios que, incluso para corporaciones de seguridad, resultan inusuales y de alto riesgo?

La forma en que se desarrollaron los hechos y la falta de claridad en la narrativa oficial ha terminado por debilitar la posición institucional del estado y, por consecuencia, de la propia gobernadora.

Aquí hay otra lectura igual de preocupante: la falla no solo es política, también es técnica. El cuerpo de asesores del fiscal quedó a deber. No hubo contención, no hubo estrategia de comunicación, no hubo claridad. Y eso, en momentos de crisis, se paga caro.

Hoy, el fiscal no solo enfrenta cuestionamientos locales, sino una presión que ya escaló al centro del país. Su permanencia en el cargo podría estar en juego.

Chihuahua se convierte así en el epicentro de una discusión más amplia: ¿qué tanto estamos dispuestos a permitir que la política interfiera en la seguridad? ¿En qué momento combatir al crimen se convierte en un riesgo político para quien lo intenta?

Hoy, el mensaje que se envía es que actuar tiene consecuencias políticas más graves que la inacción, entonces sí, estamos frente a un país que ha perdido el sentido de sus prioridades.

Y eso, más que cualquier otra cosa, debería preocuparnos.

Si yo fuera presidente aplaudiría el golpe al crimen organizado asestado desde Chihuahua, y claro pediría a quienes corresponda un informe detallado de las acciones que derivaron en tan lamentables hechos donde perdieron la vida agentes en cumplimiento de su deber. Llamaría a cuentas al gobernador Ramírez Bedolla de Michoacán por la muerte de Carlos Manso, a Boby López Beltrán por su intromisión e incapacidad en las obras del Tren Interoceánico por la muerte de personas inocente en el descarrilamiento, al senador Adán Augusto y su barredora, a Javier Corral por las cuentas pendientes, a Epigmenio y sus 150 millones de bono que le obsequio Andrés Manuel, a Rocio Nahle por su incompetencia en la contención de derrame petrolero y la lista seguiría. Pero como no lo soy, sigamos disfrutando de quienes nos ejercen el poder hoy en México.