El pueblo sin ley y la escuela de la boleta bonita

Por: La Observadora Incómoda

Hubo un tiempo en que la escuela tenía reglas claras. Se llegaba a la hora, se vestía de cierta manera, se hablaba con respeto y se aceptaba que el maestro, aunque imperfecto, era una autoridad. Hoy, en muchas aulas, esa escena parece un recuerdo lejano.

Empecemos por lo evidente: los derechos de niños y adolescentes son una conquista valiosa. Nadie quiere volver a la escuela del miedo y la humillación. Pero en el camino algo se torció. Pasamos de proteger a los estudiantes a blindarlos, y en algunos casos cada norma empezó a leerse como una agresión. El uniforme atenta contra la libre expresión. La puntualidad es maltrato. Revisar una mochila invade la privacidad. Expulsar a quien agrede a otros viola el derecho a la educación.

Y cuando la norma incomoda, aparece el comodín: «esto afecta su autoestima», «le provoca ansiedad», «lo limita en su identidad». Ojo: la ansiedad y la depresión existen, son reales y merecen atención seria. Justamente por eso duele que a veces se usen como llave maestra para eludir cualquier límite. Cuando todo es trauma, nada lo es, y el joven que de verdad sufre queda perdido en el ruido. A eso se suma, en ciertos casos, el amparo como primera respuesta y no como último recurso. Los jóvenes tienen derecho a expresarse, y el cabello de colores o un tatuaje no son delito. Lo que debemos preguntarnos es si los adultos estamos enseñándoles que ese derecho no admite ninguna condición, ni siquiera la de convivir en un espacio común.

Detrás de esto hay, en algunos hogares, padres tolerantes que confunden cuidar con consentir, y una sociedad permisiva que aplaude la queja y desconfía del límite. Y frente a ellos, algunas autoridades que prefieren que todo fluya: no hacer olas, no abrir un expediente, no recibir una queja. Se avienta la pelota hacia adelante, esperando que el problema le toque a otro.

Lo mismo ocurre con la inclusión. Es un principio justo e irrenunciable. Pero incluir sin formación, sin apoyos y sin recursos no es inclusión, es abandono con buena intención. Por querer atender a unos, terminamos descuidando a otros, y el maestro, sin herramientas, queda entre dos fuegos: si no puede con todo, lo llaman insensible; si pide ayuda, es un problema; si se queja, teme terminar señalado en una queja formal.

Así, poco a poco, jugamos a la escuelita. Lo que importa son los números, el cumplimiento, la calificación aprobatoria en la boleta, aunque las habilidades no aparezcan por ningún lado. No se puede reprobar a nadie, y si el alumno no aprende, se señala al maestro que no supo aplicar estrategias de recuperación. Se promueve al estudiante de semestre en semestre, de año en año, esperando que el problema llegue a alguien que sí frene o pueda hacer algo. Total, es mejor que lo tenga otro que ser el señalado.

Pero la factura llega. La pagan primero el alumno que sí quiere aprender, el maestro que quiere enseñar sin miedo y el niño que va a clases con el estómago encogido porque alguien lo golpea a diario. La permisividad nunca es neutral: siempre favorece al más fuerte. Y la paga, al final, el propio joven al que «protegimos» de todo, que sale con un certificado y sin herramientas, descubriendo a golpes que la vida no negocia como la escuela.

Sería injusto culpar a los jóvenes. Ellos hacen, en buena medida, lo que los adultos les permitimos. Si el pueblo no tiene ley, no es porque ellos la hayan abolido, sino porque los adultos dejamos de hacerla respetar.

La salida no es endurecer por endurecer ni volver al pasado. Es recuperar el equilibrio: normas claras y justas, sanciones proporcionales, maestros respaldados, familias corresponsables y una inclusión con recursos reales. Es entender que los derechos y los deberes son las dos caras de una misma moneda, y que poner un límite no es violentar, sino una de las formas más profundas de querer.

Porque educar no es solo aprobar a alguien. Es prepararlo para vivir con otros. Y eso no se logra sin reglas.