Notas Principales

Entre el riel y el fusil: la paradoja de celebrar una revolución desde el poder

Por Gabriel Piñón

Cada 20 de noviembre, la memoria histórica de México se somete a una coreografía oficial. Lo que en 1910 comenzó como un estallido fragmentado, caótico y profundamente popular para derrocar el régimen de más de treinta años de Porfirio Díaz, hoy se conmemora mediante desfiles cuidadosamente sincronizados, con una presencia avasalladora del Estado a través de sus Fuerzas Armadas. A más de un siglo de distancia, resulta evidente la paradoja inherente a este festejo: la institucionalización de una revuelta que nació precisamente para cuestionar el autoritarismo del poder establecido.

Para comprender la magnitud de aquella ruptura, basta observar los contrastes del Porfiriato documentados por instituciones como el Colegio de México y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Aquel periodo representó una vitrina de modernidad material sin precedentes: el país pasó de contar con poco más de 600 kilómetros de vías férreas a casi 20,000, se tendieron redes telegráficas y llegaron inventos que fascinaron a la época, como el fonógrafo, el cinematógrafo y los primeros ensayos de radiotelegrafía.

Sin embargo, el brillo de la técnica y el afrancesamiento cultural de las élites convivían con una estructura social profundamente desigual, donde las fracturas estaban marcadas por el acceso a la tierra y los derechos básicos. En la cúspide se encontraba un reducido grupo de hacendados, inversionistas extranjeros y altos funcionarios que concentraban la propiedad rural y los beneficios de la industrialización, adoptando los códigos estéticos y sociales de la Europa decimonónica. Debajo de ellos emergía una clase media integrada por profesionistas, comerciantes, maestros y periodistas que, pese a cierto dinamismo económico, encontraban cerradas las puertas de la participación política y la movilidad institucional. En la base de aquella pirámide sostenían al país los sectores rurales y obreros; según los registros del censo de 1910, más del 70% de la población habitaba en el campo, conformada por campesinos despojados de tierras comunales, peones sujetos a las tiendas de raya y trabajadores sometidos a jornadas extenuantes —como quienes protagonizaron las huelgas de Cananea y Río Blanco— dentro de un modelo que les negaba representación y justicia.

Cuando el desfile conmemorativo del 20 de noviembre se instituyó oficialmente en 1936 por decreto del Senado, el país buscó proyectar una narrativa distinta a la del 16 de septiembre. Aquella parada nació con una vocación primordialmente deportiva y juvenil: tablas gimnásticas, contingentes escolares y carros alegóricos coloridos pretendían simbolizar el vigor de una ciudadanía en reconstrucción y celebrar la vitalidad civil que había conquistado sus derechos.

No obstante, con el paso de los años esa estética festiva y ciudadana ha ido cediendo terreno ante una exhibición cada vez más pronunciada de fuerza institucional. El protagonismo creciente de las corporaciones armadas, los vehículos tácticos y el despliegue marcial ha desplazado los cuadros gimnásticos originales, transformando una fecha de raíz libertaria en una demostración del músculo del Estado con mayúscula. Al observar ese despliegue, surge inevitablemente la lectura crítica de que el aparato gubernamental proyecta su capacidad de control y disuasión frente a cualquier brote de inconformidad social, mientras persisten graves deudas en la pacificación real del territorio, marcadas por el enorme poderío que en los últimos años ha crecido y diversificado del crimen organizado.

Si el 20 de noviembre pretende honrar con autenticidad el espíritu que derribó a una dictadura, el centro de gravedad de la conmemoración debería regresar a las manos de la sociedad civil. Una revolución que nació del hartazgo popular no tendría por qué celebrarse mediante la ostentación del armamento estatal, sino devolviendo las calles a contingentes mayoritariamente ciudadanos, deportivos y culturales que reflejen, sin intimidaciones ni rigidez castrense, la libertad por la que miles de mexicanos tomaron las armas en 1910.

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Adrián Gabriel Piñón Olivas es Profesor de Tiempo Completo de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cuenta con estudios de diplomado y licenciatura en periodismo por la UACH, y es Maestro en Educación con Mención Honorífica por la Universidad Pedagógica Nacional Campus Chihuahua. Con una trayectoria de 32 años, se ha desempeñado como jefe de prensa y comunicador social, reportero de prensa escrita, radio y medios digitales, fotógrafo de prensa, y conductor de programas de radio y multimedia. Es también guionista de radio y creador de materiales audiovisuales institucionales.

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