“Ningún rector universitario está a salvo” tras detenciones y presiones a autoridades de Universidades Autónomas: ANUIES

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) advirtió que “ningún rector universitario se encuentra a salvo en el país”, tras los recientes hechos de presión y detenciones de titulares de instituciones de educación superior, informó su secretario general ejecutivo, Luis Armando González Placencia.

La declaración surge tras la detención del exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, quien fue arrestado por presunta posesión de drogas, lo que según la ANUIES representa “un mensaje inquietante” sobre la vulnerabilidad de cualquier rector cuando existen tensiones con autoridades estatales.

González Placencia destacó que casos recientes, como la presunta presión al cargo de Sandra Laffon Leal, rectora de la Universidad Autónoma del Carmen, han evidenciado intentos de interferencia desde el gobierno estatal para forzar renuncias o modificar la dirección institucional, lo cual, dijo, va en contra del principio de autonomía universitaria.

El funcionario señaló que este tipo de situaciones no necesariamente están ligadas al color del partido político en el poder, sino a la “tentación” de ejercer control sobre las instituciones educativas, las cuales tienen amplias comunidades de estudiantes y personal, y representan espacios de pluralidad política en cada estado.

Además, González Placencia explicó que la autonomía universitaria comprende la capacidad de autogobernarse, nombrar autoridades propias, decidir sobre la libertad de cátedra e investigación y gestionar sus recursos sin injerencias externas, aspectos que consideran “fundamentales” para la operación independiente de las universidades públicas.

La advertencia de la ANUIES se da en un contexto de tensión para las universidades públicas en México, que enfrentan retos como restricciones presupuestales y conflictos con autoridades locales, factores que, según el organismo, pueden afectar el normal desarrollo académico y administrativo de las instituciones.

Foto: El Universal