Ordena la UIF el congelamiento inmediato de cuentas de Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó el bloqueo total de las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del senador por Morena, Enrique Inzunza Cázares.

Según confirmaron fuentes oficiales, la medida cautelar alcanza también a otros de los implicados, sumando un total de diez servidores públicos en activo y en retiro cercados financieramente. Esta acción responde directamente a las indagatorias y solicitudes de detención con fines de extradición promovidas por el gobierno de Estados Unidos, país que los acusa de mantener vínculos estrechos con la delincuencia organizada.

El mandamiento financiero fue transmitido a las instituciones bancarias nacionales a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), congelando los activos de los implicados y suspendiendo de inmediato cualquier flujo transaccional. La intervención de la UIF se da en el contexto de una investigación penal radicada en una corte federal de Nueva York, donde fiscales estadounidenses detallan la existencia de una presunta red de protección política, policial y financiera diseñada para dar cobertura institucional a las operaciones de la facción de «Los Chapitos».

Las imputaciones formalizadas en el extranjero señalan que la red delictiva presuntamente facilitó el tráfico de narcóticos hacia territorio norteamericano, filtró de manera sistemática información de inteligencia operativa y pactó acuerdos de impunidad. El cerco judicial provocó ya un sismo institucional en Sinaloa, obligando al gobernador Rocha Moya a separarse de su cargo mediante una solicitud de licencia apenas el pasado 2 de mayo, mientras el Departamento de Justicia de Estados Unidos agiliza los trámites correspondientes para su localización y captura.

Por su parte, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, abordó el tema durante su conferencia de prensa matutina de este viernes, precisando que no tenía conocimiento anticipado sobre el congelamiento de dichos activos. La mandataria federal recalcó que la UIF opera bajo un perfil netamente técnico y cuenta con la facultad de proceder de manera inmediata ante cualquier irregularidad o sospecha de lavado de dinero, por lo que anticipó que se solicitará un informe oficial a la Secretaría de Hacienda para esclarecer el estatus fiscal y legal de los involucrados.