SCJN cuna de la Ciencia Jurídica

Ser ministra de la Suprema Corte no debería ser como obtener una constancia de participación. Debería ser la culminación de una vida dedicada a la ciencia jurídica.

El caso del doctorado en Derecho Constitucional de Lenia Batres por la Universidad Tepantlato exhibe la contradicción de fondo de la nueva Corte. Legalmente, el título vale. Tiene RVOE 20121434, otorgado por la SEP en 2012. Para efectos de cédula, para el escalafón, para cumplir el requisito de la Constitución, vale igual que uno de una prestigiada Universidad pública o privada.

Pero da la casualidad que la Corte no es una oficialía de partes.

La Constitución hoy solo pide ser licenciado en Derecho con diez años de antigüedad para ser ministro. No pide doctorado, no pide carrera judicial, no pide haber publicado un libro. Esa es la trampa. Se bajó el umbral formal y ahora cualquier título, sin importar cómo se obtuvo, sirve para lo mismo.

Y hay formas y formas. Una universidad autónoma en México te exige de cuatro a seis años, tesis con aportación original, dictamen externo, defensa ante cinco doctores y publicación. Tepantlato, según su propio Reglamento 2023, otorga el doctorado en dos años y contempla la titulación por experiencia profesional: resolver un caso práctico asignado por el propio Consejo.

Uno forma investigadores. El otro titula operadores.

El problema no es Tepantlato. Esa universidad cumple una función real desde 1985: titular rápido a jueces, magistrados y funcionarios que necesitan el grado para ascender. Para eso fue creada en la Roma Sur.

El problema es llevar esa lógica a la Suprema Corte.

Un juez de primera instancia aplica la ley. Un ministro crea jurisprudencia. Cada sentencia suya se vuelve obligatoria para 1,600 jueces en el país y se estudiará por décadas en las facultades. Eso no es práctica, es ciencia. Requiere dominio de teoría constitucional, método y autoridad académica previa.

Si quien crea la doctrina no es un experto en ciencia jurídica, la jurisprudencia deja de ser ciencia y se vuelve criterio de coyuntura.

No es lo mismo tener un título que ser docto. La Corte necesita doctos.