Emplaza la CIDH a México por la Reforma Judicial: cuatro meses para rendir cuentas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emplazó formalmente al Estado mexicano el pasado 19 de marzo de 2026 para que responda, en un plazo máximo de cuatro meses, a la petición presentada por un grupo de 65 juezas, jueces, magistradas y magistrados que acusan al gobierno federal de cometer violaciones graves a derechos humanos mediante la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024.

El organismo internacional advirtió que no habrá prórrogas adicionales y que analiza resolver el caso bajo la figura conocida como «Per saltum”que le permitiría abordar de manera conjunta la admisibilidad y el fondo del asunto debido a la urgencia y gravedad que reviste. De concretarse, este mecanismo aceleraría un proceso que habitualmente toma varios años dentro del Sistema Interamericano.

La CIDH ya había expresado desde 2024 su “grave preocupación” por el contenido de la reforma. Entre sus principales señalamientos destaca que la elección popular de todas las personas juzgadoras, prevista para ejecutarse por fases entre 2025 y 2027, junto con el cese masivo de autoridades judiciales, podría comprometer seriamente la independencia judicial y desmantelar la carrera judicial basada en el mérito. Para la Comisión, sustituir un sistema profesionalizado por uno de elección popular constituye una medida regresiva que vulnera los compromisos adquiridos por México en la Convención Americana y en el Protocolo de San Salvador, tratados que el país ratificó en 1981 y 1996, respectivamente.

Los jueces inconformes sostienen que la reforma impactó de manera arbitraria a miles de proyectos de vida, al destituir a juzgadores con un promedio de 27 años de carrera. Además, acusan que el Estado bloqueó los mecanismos internos para revisar la legalidad de la enmienda: denuncian desacato a cientos de suspensiones judiciales, persecución administrativa y penal contra juzgadores, concentración de juicios de amparo en tres juzgados de Zapopan, Jalisco, y decisiones recientes de la Suprema Corte que cerraron cualquier posibilidad de control interno.

Frente a este panorama, la CIDH recordó que una reforma constitucional de esta envergadura debió conducirse mediante un diálogo amplio, informado y participativo, que activara de buena fe los mecanismos institucionales de participación ciudadana. Subrayó también que una transformación integral del sistema de justicia debería incluir no solo al Poder Judicial, sino también a las fiscalías y defensorías públicas, instituciones clave para combatir los altos niveles de impunidad y corrupción que persisten en el país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores será la encargada de articular la respuesta del gobierno mexicano dentro de los cuatro meses otorgados. Si los argumentos del Estado no convencen a la Comisión, el caso podría ser enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De llegar a esa instancia y si la Corte falla en contra, podría emitirse una sentencia que declare la responsabilidad internacional de México por afectar la independencia judicial, la carrera judicial y los derechos laborales de las personas juzgadoras.

Mientras tanto, la Corte Interamericana ya admitió a revisión una impugnación separada contra la reforma y, como medida cautelar, solicitó aplazar un año la elección de juzgadores programada para 2026, al considerar que no existen garantías de independencia e imparcialidad bajo el esquema actual.