Notas Principales

Justicia y gracia para mis amigos, la ley a secas para mis enemigos

Por: Gabriel Piñón | Contexto Norte

La célebre frase atribuida al benemérito, «a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas», nunca había encontrado un eco tan literal y descarnado como en el sistema de justicia del México contemporáneo. Vivimos en un país en el que, con un cinismo sin precedentes, la clase política se enseñorea con corruptelas y robos, siempre al amparo y bajo la protección del régimen en turno.

Es una realidad innegable que quienes gobernaron antes de la llegada de la Cuarta Transformación tenían sus propios y oscuros métodos para encubrir el delito. Sin embargo, en estos casi ocho años de desgobierno, la llamada transformación ha demostrado que, además de heredar las viejas prácticas corruptas, las ha perfeccionado con un cinismo amparado en la máxima dictada por el Tlatoani macuspano: «no me vengan con que la ley es la ley».

Los mexicanos hemos sido testigos de cómo se tuerce la balanza. Lo vimos claramente con el general Salvador Cienfuegos: detenido en Estados Unidos bajo graves acusaciones, extraditado a México y, en un acto que define el sexenio anterior, condecorado por el mismísimo entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Así, o más claro el concepto de gracia?

En contraste, durante las últimas semanas hemos atestiguado cómo opera la maquinaria cuando se trata de los adversarios. La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, es el ejemplo perfecto de la «justicia a secas». Sin afirmar que se trate de una «blanca palomita», resulta inverosímil observar cómo con él la justicia sí fue rápida, implacable y expedita, enviándolo de manera inmediata al penal del Altiplano.

El guión se repite y se adapta según la conveniencia política. Al resurgir el caso del del asesinato del exrector de la UAS, Melesio Cuén. Con una rapidez inusitada, se detuvo a su exchofer como presunto implicado, en un entramado que salpica incluso el secuestro del narcotraficante Ismael «El Mayo» Zambada y su posterior entrega a las autoridades norteamericanas. En medio de este torbellino, surgió el nombre del gobernador en turno de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de quien Estados Unidos llegó a solicitar su detención con fines de extradición. ¿El desenlace? La Fiscalía General de la República, hoy encabezada por la «fiscal carnalita» Ernestina Godoy, lo exoneró por supuesta falta de pruebas tras una investigación de 112 días, y que el mismo Rocha Moya considero suficiente de manera personal para regresar a cargo como gobernador de Sinaloa este 21 de agosto. Justicia y gracia para Rocha Moya. Inclusive la secretaría de gobernación, sí, la secretaría de Gobernación lanza un comunicado mañanero en el que se informa que Rocha Moya regresa por su voluntad personal a ocupar el cargo de gobernador de Sinaloa, nuevamente.

Por si fuera poco, el día de hoy circula información en la que el exsecretario de Marina del sexenio obradorista, Rafael Ojeda. Ha quedado exonerado por la dependencia a cargo de la Fiscal Carnalita bajo el argumento de que ¡denunció la práctica del huachicol! ante Alejandro Gertz Manero, hoy premiado como embajador en España. Lo que la narrativa oficial omite explicar es por qué Ojeda nunca fue llamado a declarar, considerando que la red huachicolera operaba bajo su mando a través de sus sobrinos políticos, Manuel y Fernando Farías Laguna, quienes hoy duermen en las celdas del Altiplano. Una vez más: justicia y gracia para los amigos.

Y finalmente, porque en este país los escándalos se acumulan pero no se resuelven, tenemos a Andy López Beltrán. El junior de la transformación que hoy lamenta la cancelación de su visa para ingresar a los Estados Unidos, señalado en diversos actos de corrupción, desde la red de «huachicol fiscal» hasta la opaca compra de balasto para las faraónicas e inútiles obras de su padre. Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum se apresuró a afirmar la semana pasada que no existe investigación alguna en su contra, declaración rápidamente secundada y confirmada por la fiscal Godoy. El manto protector es absoluto.

Ante este panorama, solo queda reformular una dolorosa sentencia: Pobre México, tan cerca de la impunidad y la corrupción, y tan lejos de la justicia.

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